En mi país ideal no pasan cosas como la que me ocurrió a mi hace unos días. Se me llevó el coche la grúa; y no me refiero a que no pase esto, sinceramente creo que la calle no estaba bien señalizada y aparqué convencido de que estaba correctamente estacionado, pero ok, no lo estaba y la grúa hizo su trabajo. Tomé un taxi al depósito pensando en lo difícil que es imaginar que aquello es un servicio público que me prestan con los enormes impuestos que pago… hay que aceptarlo, para sancionar fuertemente a los incívicos (aunque mi coche no molestaba absolutamente a nadie: ni otros coches ni peatones…), blablabla. Pero toda preparación era poca para lo que me encontré allí.

Primero una señora mayor funcionaria, que al llegar a su ventanilla me pidió esperar. Al cabo de 5 minutos le pregunté si tendría la atención de atenderme en algún momento o no, y me contestó malhumorada que estaba terminando alguna tarea absurda que balbuceó y no entendí más que lo necesario para saber que no era nada útil ni urgente. Pagué los 200 euros de rigor y finalmente voy a por mi coche, triste y sólo en aquel sucio depósito… y veo una serie de rayadas sin duda hechas por la grúa. Con actitud aparentemente resignada pero con una incipiente erupción emocional en mi estómago, voy a la taquilla y pido una hoja de reclamación o denuncia. Tras más esperas y llenar un papel grotescamente obsoleto, me dice que espere en mi coche que vendrá «la jefa» a comentarlo.

«La jefa» era otra señora de mediana edad, evidentemente almorránica y amargada, que tras llegar sin saludar, emitió una gutural onomatopeya que yo interpreto como «enséñeme las rayadas». Le hago una explicación todo lo amable que puedo (mi coche ayer salió del taller, seguro que no tenía estos golpes, están en la zona de enganche de la grúa…) y tras una fugaz mirada supuestamente experta, hace un garagato en el papel y lo firma. Y mientras me da la copia amarilla me dice lacónicamente: «estas rayadas no pueden ser de la grúa, deben habérselas hecho en la vía pública antes de que la grúa se llevara el coche, así que la reclamación no procede». Yo, atónito, le pregunto ¿pero es usted périto o algo? Y, molesta de que dudara de su ojo clínico, me espeta «yo tengo la autoridad para decidir si procede o no, y si no le gusta ponga una denuncia a la asociación de consumidores».

No cuento como acabó la historia; no estoy especialmente orgulloso de que finalmente se produjera mi erupción emocional (bastante más virulenta que la del volcán islandés que el otro día me anuló una serie de vuelos y me obligó a ir conduciendo hasta Holanda…) ni de algunos de los improperios que dediqué a «la jefa», por otro lado una pobre desgraciada que se juega el físico cada día ante indignados conductores que han de echar mano de sus largas vidas socializándose para no agredirla físicamente. Obviamente no conseguí más que, si acaso, desfogarme un poco. Con los obscenos impuestos que pago, que sirven también para pagar el sueldo de esa antipática funcionaria, fui un cliente que obtuvo un servicio lleno de desídia, maltrato, injusticia, burla a mi inteligencia, imbecilidad y amargura. Una auténtica delicia. Y cuando volvía en mi coche, tratando de serenarme, iba pensando que  el Ayuntamiento de Barcelona (que me da ese servicio) debe necesitar tantas multas a veces injustas para financiar acciones tan «importantes» (y caras) como la ridícula y mal-amañada consulta pública para las obras de la Diagonal… Esta es la administración pública que tenemos… ¿y que nos merecemos?

Es tan grande el despropósito de las administraciones públicas (locales, autonómicas, estatales y europeas) que no sé muy bien por donde empezar. De hecho, estoy convencido de que es un tema imposible de mejorar con una simple evolución, sino que sólo es posible una revolución (y grande). No creo que en un sólo post pueda resumir todo, así que en este me dedico a ver cómo estamos hoy…

En un ejercicio altamente masoquista y, claramente, sustitutivo de cualquier deporte de alto riesgo, en los últimos meses he leído varios libros sobre la corrupción política y los escándalos (conocidos) de las administraciones. El panorama es desolador y es casi imposible seguir pensando que debe prevalecer la presunción de inocencia y casi todos los trabajadores públicos y políticos son gente de buena fe y sólo unos pocos son corruptos. Porque no son unos pocos, son MUCHOS, MUCHÍSIMOS, ¡MÁS QUE MUCHÍSIMOS!

Toda clase de corruptelas urbanísticas en ayuntamientos (Marbella, Santa Coloma, Palma y Andratx… los casos son incontables). Un historial espectacular en la administración del Estado (de Filesa, GAL… a Gürtel). Casos increíbles en las autonomías (Valencia, Baleares…). Y escándalos que ya ni sorprenden en Europa, donde los diputados cobran primas inverosímiles por presuntos asesores que son familiares suyos y obscenas cantidades (miles de euros mensuales) por material de oficina u otros conceptos ridículos. Curriculums que dan risa (por no llorar) de ministros y altos cargos evidentemente elegidos por el único mérito de fidelidad (o, mejor dicho, de haber chupado los culos adecuados el tiempo suficiente). Un sorprendente rosario inacabable de datos comprobados escandalosos. Un desastre de dimensiones bíblicas.

Pero la mayoría de estas corruptelas son de políticos, que no es exactamente lo mismo que la administración y sus funcionarios. Para saber cómo funciona ésta por dentro no hacen falta libros. En España hay unos 3 millones de funcionarios así que todos tenemos familiares y/o amigos que trabajan en la administración… y que nos cuentan la verdad de lo que allí se cuece. ¿Quién no ha tenido esta conversación con amigos o compañeros de trabajo que explican experiencias de sus parejas, amigos o familiares que trabajan en la administración?

Tasas de absentismo del 20 ó 30% sin complejos; vacaciones más largas que los profesores; imposibilidad de despedir a nadie, aunque ni se presente a trabajar; derroche y malbaratamiento de recursos que nadie recuerda que son públicos (que vienen de las personas que trabajan de verdad); no hace falta que cuente ejemplos porque seguro que cada uno tiene los suyos recogidos en esas conversaciones que todos hemos tenido.

Un enorme engendro regulado por un sistema obsoleto y absurdo, que no da ningún tipo de incentivo a quién trabaja, se esfuerza y obtiene mejores resultados, un vivero de millones de personas que probablemente en general tienen (o tuvieron algún día) buenas intenciones pero que están desmotivadas, no sienten ningún compromiso hacia sus organizaciones y actuan impunemente porque no pueden ser despedidos. Un enorme agujero negro que engulle el dinero que pagamos los que trabajamos con nuestros impuestos y lo desperdicia de mala manera en un marasmo de ineficiencia y penosa productividad.

¿Qué se puede hacer? Como decía, a base de palabras vacías de los mismos partidos políticos que han creado este caos y con buenas intenciones de mejora, muy poco, más bien nada. Por lo menos podemos tratar de definir un modelo de administración pública distinta, mejor, que algún día en el que, por aquellas casualidades de la vida, se pudiera hacer una revolución y empezar desde cero, se podría tratar de implementar. De hecho, ha habido oportunidades previas: cuando en la transición se crearon las comunidades autónomas en España, o cuando se creó la Unión Europea, se podría haber forzado un sistema de la cosa pública distinto. Desgraciadamente se perpetuó un sistema enfermo, aunque no es de extrañar porque lo hicieron los mismos partidos políticos que alimentan este dislate.

Como esta entrada ya es bastante larga, continuaré en la siguiente exponiendo el modelo que me parecería un poco más razonable, aun no siendo experto en el tema. Aunque sospecho que el simple sentido común de nuevo arreglaría muchas cosas…